Ciudad de México, 20 de abril de 2021.- La nueva Ley de
Hidrocarburos aprobada en el Senado de la República esta semana levantó
nuevamente las alarmas en el sector manufacturero y productivo, en general, por
el impacto que podría tener en las cadenas de valor que dependen del precio de
los combustibles. A continuación, te lo explicamos con mayor detalle:
Lo que ya se aprobó en el Senado:
-Que los permisos para operar hidrocarburos estén
condicionados a un nivel mínimo de almacenamiento que la Secretaría de Energía
establecerá posteriormente.
-Que las empresas que pongan en riesgo la seguridad
energética o la economía nacional sean suspendidas y el Estado pueda tomar sus
instalaciones y operarlas, es decir, expropiarlas. Este punto es
particularmente problemático, ya que los conceptos deben definirse
cuidadosamente.
Lo que se propone en la cámara baja (de Diputados):
-Hasta ahora, se ha propuesto adicionalmente que la enajenación
que Petróleos mexicanos (Pemex), sus empresas productivas subsidiarias, o una
persona moral, por cuenta y orden del Estado, será considerada como
comercialización en términos de lo establecido por la Ley y sus reglamentos,
por lo que se deberán observar los principios de generalidad y no indebida
discriminación previstos en la misma.
-Al lograrse una mayor participación de agentes económicos
que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, se dejará
sin efectos la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para
sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como la comercialización que
realicen personas controladas por Pemex o sus organismos subsidiarios.
Este mismo jueves se busca aprobar la nueva Ley de
Hidrocarburos en la cámara de diputados. IMEF afirmó esta semana que la ley
elevará los costos en general de las cadenas de valor y pondrá mayor presión
sobre PEMEX, al contar con un margen de maniobra reducido.
La necesidad de demostrar capacidad de almacenamiento
también significa que antes de otorgar permisos, los riesgos de proyectos de
inversión de hidrocarburos, por ejemplo, con nuevas gasolineras, aumentan
haciendo que el desarrollo de infraestructura de este tipo pueda volverse más
lento.
Se espera que al igual que con la nueva ley eléctrica, la
ley de hidrocarburos se vea detenida por amparos de parte de particulares antes
de que entre en vigencia.
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