La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, enviada de
forma preferencial por el presidente a la Cámara de Diputados, y aprobada en
lo general el pasado 23 de febrero, es una de las reformas más controvertidas
de los últimos años, provocando multitud de opiniones y proyecciones de sus
efectos para el futuro del país en materia energética y de inversiones.
Algunos han querido compararla con la expropiación
petrolera, otros han jurado que espantará toda nueva inversión de
nuestro país y nos sacará del T-MEC, y otros más toman prestado las
palabras de cierto político mexicano que dijo alguna vez “ni nos perjudica ni
nos beneficia, sino todo lo contrario”.
Lo cierto es que rara vez una reforma deja contento a
todos, y que no puede observarse en blanco y negro, sino con una escala
de grises. Por eso, te presentamos lo bueno, lo malo y lo incierto sobre
la nueva Ley de la Industria Eléctrica.
LO BUENO
Tengamos esto claro, la CFE es una empresa paraestatal que
distribuye y transmite la electricidad del país de forma exclusiva. El caso
de México con la CFE es único a nivel T-MEC, y lo que compartimos con
Canadá y Estados Unidos es una legislación donde particulares pueden generar
y comercializar la electricidad. Pero nuestra paraestatal eléctrica también
produce y comercializa electricidad en todo el país, sin tener la
capacidad de generar el total necesario para el suministro.
En resumen, los beneficios de esta reforma son casi exclusivamente
para blindar y fortalecer financieramente a la CFE, que viene padeciendo
problemas importantes en capacidad y pérdidas por subsidios desde hace años. La
reforma le dará prioridad a la CFE y facultades para elegir despachar
primero la energía más barata a su alcance y no obligarse a hacer subastas.
Como toda gran empresa en el país, paraestatal o no, es importante que sobreviva,
y la reforma está dirigida precisamente a ello.
Otro punto que sería benéfico y ha sido poco mencionado es
que los Certificados de Energía Limpia (CEL) se mantendrán, pero podrán
extenderse a cualquier planta productora de energía sin importar su antigüedad.
Se ha mencionado que esto evitaría la instalación de nuevas plantas,
haciendo que invertir en ello no suceda más, sin embargo, esto significaría que
tendría que invertirse para convertir viejas plantas en generadoras de energías
limpias para obtener el CEL, lo que aún significa inversión, o incluso
podrían hacerse adquisiciones de viejas plantas con este mismo
propósito.
LO MALO
En el gran pastel de la electricidad en México, darle más rebanadas
a la CFE le quitará rebanadas a la inversión extranjera, enfocada en la generación
de energía limpia. Es decir, afecta la libre competencia, al poner candados para
los que solo la CFE tendrá la llave y última palabra.
Otro punto es que México fue hasta hace algunos años el
país con la energía más barata y limpia, proporcionalmente, de Latinoamérica. Ya
no lo es, y con la nueva reforma retrocederemos más en ello. Bajo la
nueva ley, se pueden revisar y revocar permisos de autoabastecimiento de
energía, que algunos sectores industriales usan de forma importante para hacer
su operación menos contaminante y más sustentable.
Además, se podría encarecer y afectar al mercado
eléctrico mayorista en el que se encuentran grandes empresas de industrias
como la automotriz, mientras que, para el usuario común, la falta de subastas y
preferencia por energías que genere la propia CFE también podría hacer que el
servicio cambie impredeciblemente de precio.
De forma obvia, también destaca que entre las energías
que buscará usar la CFE está la generada por quema de combustóleo, que actualmente
abarrota las refinerías de PEMEX en el país, y no está siendo vendido. Este subproducto
de desperdicio afectará de manera importante a ciudades de por sí ya impactadas
por la contaminación como Salamanca, o incluso Manzanillo.
LO INCIERTO
Una cosa es la teoría, y otra la realidad. Y es que,
en teoría, la reforma podría ayudar a rescatar a la CFE de sus aprietos, y
abrirle la posibilidad de invertir en energías estables, redituables y más limpias
que el combustóleo o los ciclos combinados. Podría, en un largo plazo,
dar la posibilidad a la CFE de añadir centrales hidroeléctricas, nucleares y
sus propios parques eólicos y solares, yendo en línea con la mayoría del
mundo en materia energética. Pero la realidad pareciera apuntar, al menos en
el mediano plazo a que se busca todo lo contrario, invertir y mantener las
formas viejas, hacerlas nuevamente predominantes, aunque nunca hayan dejado de
serlo realmente.
Hay certeza en que la nueva ley aparezca en el Diario Oficial
de la Federación durante marzo, lo que permanece incierto es el rumbo
que las discrepancias y posibles disputas internas y externas puedan tomar.
De forma interna, podría presentarse una demanda de inconstitucionalidad
o una controversia constitucional. De forma externa, las empresas,
inversionistas y estados vecinos como Canadá o Estados Unidos podrían llamar a
paneles internacionales de arbitraje o intervenir directamente.
Las empresas e inversionistas podrán prepararse y
ampararse en los próximos seis meses, hasta que las regulaciones
derivadas de la ley tomen efecto, y quizás, solo quizás, para entonces un congreso
sin mayorías absolutas podría estar en funciones, y listo para frenar o
modificar la ley de la industria eléctrica una vez más.
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